Continúa la polémica por los parquímetros

El estacionamiento medido en la CABA ha tenido un importante derrotero a lo largo de los años, dando lugar a un gran número de modificaciones producto de cambio de objetivos y visiones respecto de la función del mismo, como así también a varios planteos judiciales que han suscitado también modificaciones normativas.

Las últimas normas y reformas al respecto pueden resumirse en:

  • Código de Tránsito y Transporte (Ley 2148 – 2006). Tomando como base viejas ordenanzas, estableció la posibilidad de determinar por ley sectores de estacionamiento tarifado en la vía pública, pero circunscripto a la zona céntrica y a sectores barriales donde la demanda lo justifique.
  • Ley 4003 (2011) que incorporó la regulación de los servicios relacionados con el sistema de estacionamiento medido al Código de Tránsito y Transporte. Asimismo, lo declaró como servicio público.
  • Ley 4888 (2014), que nuevamente modificó el Código de Tránsito y Transporte, permitiendo concesionar el servicio de estacionamiento medido, y extendiendo enormemente el área de imposición, de manera tal que el mismo se preste en zonas dentro de la Ciudad, habilitando la división de la misma en 5 a 7 zonas. A su vez, incorporó como anexos a la ley los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la concesión del servicio. A tal fin, en los Pliegos se aclara que el GCBA les provee a los eventuales concesionarios los predios para las playas de acarreo. Esta ley fue impugnada judicialmente en la causa “Martin”.
  • Ley 5728 (2016), que divide la concesión del servicio en sólo 5 zonas. La concesión del servicio se estableció por 10 años. Asimismo, y en consonancia con la norma anterior, extendió las arterias vehiculares del estacionamiento medido a la mayoría de las comunas de la CABA. Esta norma fue impugnada judicialmente en la causa “Desplats”.
  • Ley 6036 (2018). Finalmente, esta ley intentó subsanar las objeciones judiciales de su predecesora. En tal sentido, si bien se mantuvo la concesión por 10 años del servicio a licitar, se estableció que el uso de las playas de acarreo no podrá exceder los 5 años, sin posibilidades de prórroga.

El trasfondo de todo lo anterior radica en que las concesiones de las dos prestadoras actuales (que vienen realizando el acarreo desde los ’90) del servicio de estacionamiento medido se encuentran hartamente vencidas. No obstante, en vez de el Poder Ejecutivo hacerse cargo directamente del servicio, en 2016/2017 comenzó el proceso licitatorio para adjudicar nuevos prestadores en cada una de las 5 zonas en las cuales la ley 5728 (y su continuadora 6036) dividió la Ciudad. 

Luego de muchas idas y vueltas, y una vez que el GCBA adjudicó por contratación directa la colocación de los parquímetros y máquinas etiquetadoras, comenzó mediante el Decreto 474/2017 la Licitación Pública Nacional (sin número), a fin de regularizar el servicio de estacionamiento medido.

Sin embargo, la mencionada licitación se encuentra plagada de irregularidades. La primera apertura de sobres fue prorrogada 4 veces. De las empresas que ofertaron, dos fueron las que ya vienen prestando el servicio, y de las tres restantes, una no pasó la etapa de evaluación de antecedentes.  Sumado a ello, si bien la fecha de segunda apertura de sobres estaba pactada para el 7/12/2018, nunca más hubo noticias del expediente en curso, demostrando la direccionalidad y falta de transparencia en la licitación.

Finalmente, cabe resaltar que la ley 5728 de 2016 estableció, en su cláusula transitoria segunda, la siguiente obligación para con el GCBA: 

Cláusula Transitoria II: En un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo adjudicará la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. Vencido el plazo indicado para la adjudicación de la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado, sin que se hubiese dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral y su encuadre en el CCT 40/89. 

La referida ley fue promulgada el 9/01/2017, por lo que los 18 meses se cumplieron el 09/06/2018. No obstante, en el interín, como se dijo previamente, se sancionó la ley 6036, de doble lectura, con sanción definitiva en noviembre de 2018. La referida norma agregó una modificación a la cláusula transitoria citada en el siguiente sentido:

“se prorroga por seis (6) meses, computados a partir de su vencimiento, el plazo establecido en la presente Cláusula Transitoria, para adjudicar la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. El plazo indicado en el párrafo precedente no incluye el lapso en que por decisiones ajenas al GCABA la licitación pública no pudiera iniciarse, continuarse o adjudicarse”

Como se observa, la última ley prorrogó el plazo original por 6 meses más, pero estableciendo la salvedad de que este nuevo plazo de prórroga sólo debía computarse en la medida en que “por decisiones ajenas al GCABA la licitación pública no pueda continuarse”. Claro está, este párrafo hacía referencia a las causas “Martin” y “Desplat”, que en el momento de la sanción de la ley se encontraban en curso.  La Sala I del fuero CAyT, como se dijo, dictó sentencia definitiva en ellas el 24/05/2019, y fue notificado unos días después. Si bien la causa no había impedido que el GCABA comience a realizar la licitación, la sentencia definitiva de cámara allanó el camino para la plena vigencia del sistema. En tal sentido, y aún realizando la interpretación más favorable al GCABA, el plazo de 6 meses de la ley 6036 debió haber comenzado a correr a partir de julio de 2019. 

Por tanto, desde enero de 2020, la facultad de concesionar el servicio por parte del GCABA se encuentra vencida, y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo está obligado por ley a brindar el servicio por sí mismo. Caso contrario, las tareas realizadas por las empresas prestatarias del servicio podrían ser tachadas de nulidad por los usuarios afectados.

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