Por una Ley de museos

Se presentó un proyecto inspirado en parámetros de calidad establecidos por la International Council of Museums (ICOM), organización abocada a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible creada en 1946. Dicha institución mantiene una relación formal con UNESCO y cuenta con el status de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Las referencias, fuentes y consensos expuestos, a su vez conjugados con las necesidades museísticas largamente postergadas e imprescindibles indican que resulta clave la participación sinérgica y coordinada del Poder Ejecutivo -particularmente a través de los ministerios de Educación y de Cultura-, del Poder Legislativo, y de trabajadores, estudiantes, académicos, profesionales de disciplinas socioculturales.

La coordinación y la sinergia de los actores invocados no constituyen variables menores en el cumplimiento de la presente iniciativa: son disparadores hasta hoy neutralizados a causa de jurisdicciones y normativas superpuestas, ausencia de financiación, falta de organicidad y, en definitiva, por un caos generalizado provocado por la carencia de una visión museística de la Ciudad. 

La conjunción de las fuerzas en juego abrirá a los habitantes y visitantes de la Ciudad de Buenos Aires una experiencia hoy parcialmente cautiva  que alberga el vastísimo patrimonio histórico, simbólico, natural, científico, tecnológico y cultural de los museos porteños. Dicha experiencia alberga, en definitiva el correlato de una concepción material y simbólica. Los museos porteños encarnan una vitalidad metafórica para expresar la vocación plural y colectiva de la comunidad en la historia. El museo debe distinguirse como una institución abierta, plural y convocante, y su carácter pedagógico, gratuito, laico y universal obliga al Estado a otorgarle la mayor accesibilidad pública posible. (Art. 32º C.C.A.B.A.). 

La realidad actual de los museos porteños arroja una carencia esencial: falta de ordenamiento jurídico básico, común, claro y específico, es decir, la ausencia de una ley marco, contenedora de las particularidades propias de cada museo. Lo que se verifica, en su lugar, es la sumatoria de normativas “parche” superpuestas y, en algunos casos, contradictorias. Las condiciones actuales, lejos de impulsar y promover la participación de la comunidad en la cuestión museística, la obstaculizan. 

La ausencia de ley marco resulta agravada a la luz de una alta concentración de museos privados y estatales sin pautas regulatorias básicas, empezando por la propia definición y uso de la categoría “museo”, pendiente de una norma que habilite y reglamente su creación y funcionamiento, a fin de evitar la deslegitimación del propio término en el ámbito de la Ciudad. 

La misma dificultad expresada más arriba redunda en la erosión significante y conceptual del museo como entidad de valores específicos que hacen a su naturaleza intrínseca. Así, mientras que por un lado el imaginario de museo (pese a la profunda evolución museológica y museográfica de las últimas décadas) suele remitirse a la idea decimonónica que lo iguala a un depósito de antigüedades. Se presenta la paradoja de que, a su vez, existen “museos” que no lo son, y que en realidad son emprendimientos comerciales, ajenos a cualquier tipo de definición museística; ya fuera respecto de los cánones antiguos o de los actuales. 

Por otra parte, es un hecho innegable que la propia dinámica del patrimonio de grandes urbes en crecimiento, requiere, a la par del trabajo de restauración y preservación, recursos que garanticen su funcionamiento, su capacidad operativa y su modernización en aspectos técnicos e investigativos. Una política pública de adquisición, preservación e investigación en la materia debe incluir, a su vez, criterios de asignación de recursos que garanticen la sustentabilidad cultural en sinergia con la capacidad de interpretar nuestro pasado, nuestra idiosincrasia y, en suma, nuestra realidad cultural en sentido amplio. 

Resulta imprescindible, en suma, que la Legislatura sancione una normativa adecuada para la creación, funcionamiento y disolución de los museos, toda vez que resulta imperioso que el actual sistema de museos requiere de un re direccionamiento, ya que se advierte vulnerabilidad en la custodia del patrimonio museístico, en salvaguarda y difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial y la necesidad de cumplir con los derechos constitucionales de acceso cultural, educativo, artístico y científico para con los habitantes de la Ciudad que establece nuestra Constitución.

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